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Jornada informativa sobre la autonomía de las personas con discapacidad en la toma de decisiones

Jornada sobre la presa de decisions en les persones amb discapacitat

Jornada informativa sobre la autonomía de las personas con discapacidad en la toma de decisiones

El Salón de Actos del Hospital San Juan de Dios de Manresa acogerá, el próximo 16 de febrero, la jornada Medidas de apoyo: hacia la autonomía personal en la toma de decisiones. Se trata de una sesión informativa organizada por diferentes entidades sociales y sanitarias del territorio, entre ellas la Cátedra de Salud Mental de la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC) y Althaia, con el objetivo de dar a conocer la situación actual y los cambios normativos en relación al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

La capacidad de obrar es la facultad que tiene una persona o entidad para realizar actos jurídicos, es decir, para poner en práctica los derechos y obligaciones que le corresponden. En determinadas situaciones, la capacidad de obrar puede resultar difícil de ejercer. Puede ser el caso de personas que, debido a sus condiciones físicas o psíquicas, no están en situación de decidir, administrar sus bienes o cuidar de sí mismos y necesitan de una persona que complemente o asuma legalmente esta responsabilidad.

El objetivo de la jornada es explicar las condiciones actuales de la modificación de la capacidad de obrar, dar a conocer las figuras jurídicas actuales de apoyo a la capacidad de decidir y apuntar los cambios normativos previstos a raíz de la aplicación del artículo 12 de la Declaración de Derechos Humanos de las personas con discapacidad.

El evento contará con tres mesas de debate, en las que participarán expertos de distintas disciplinas. La primera mesa tratará sobre las "Nuevas medidas de apoyo: regulación jurídica actual" y, la segunda, sobre las "Nuevas figuras de apoyo. Roles actuales". En la tercera mesa se hablará sobre "El Documento de Voluntades Anticipadas (DVA) y la Planificación de Decisiones Anticipadas (PDA)".

La jornada, que está abierta a toda la ciudadanía, se dirige especialmente a profesionales sociales y sanitarios, personas afectadas y familiares.

El evento está coorganizado por la Fundación Althaia, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña-Manresa Cataluña Central, el Consejo Comarcal de El Bages, la Fundación Santa María de Comabella, la Fundación Sant Andreu Salut, el Ayuntamiento de Manresa, el Instituto Catalán de la Salud Cataluña Central y la Cátedra de Salud Mental UVic-UCC y Althaia con la colaboración del Colegio de Abogados de Manresa.

Puede consultar el programa completo aquí y hacer las inscripciones en este enlace.

Una nueva regulación que respeta la voluntad y preferencias de la persona

Hasta ahora, cuando las personas con discapacidad necesitaban de un apoyo y representación debían acudir al juzgado para solicitar una incapacitación judicial, que era un procedimiento judicial mediante el cual se limitaba o sustituía su capacidad de obrar y se nombraba un tutor o curador. Desde entonces, éste era el encargado de representar, total o parcialmente, a esta persona.

Con la nueva regulación se pasa de este sistema basado en la sustitución y representación, como es el caso de la tutela o la patria potestad prorrogada o rehabilitada, a uno nuevo donde lo fundamental es la voluntad y preferencias de la persona. Este cambio tiene el objetivo de velar por el cumplimiento de sus derechos fundamentales y respetar su dignidad y su libre voluntad, así como los principios de necesidad y proporcionalidad de las medidas de apoyo que, en su caso, puedan necesitar estas personas para ejercicio de su capacidad jurídica.

La reforma se da a nivel estatal a través de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y que reforma el Código Civil español. A nivel catalán, es el Decreto Ley 19/2021 de 31 de agosto por el que se adapta el Código Civil de Cataluña a la reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad.

La nueva regulación era necesaria para actualizar la legislación vigente y adaptar el ordenamiento jurídico español al artículo 12 de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Los valores sobre los que se construye este artículo son la dignidad, la autodeterminación, los derechos, el soporte, la voluntad, el respeto y la igualdad.
 

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